Los severos problemas en el abastecimiento de productos de
primera necesidad a precios regulados ya son endémicos. Y desde hace al menos
un año impacta especialmente en un área muy delicada: los medicamentos. A la ya
conocida ausencia de medicamentos específicos para dolencias crónicas se suma
ahora la ausencia de casi cualquier antibiótico y antialérgicos, entre otros.
Así, los afectados realizan largos peregrinajes por decenas
de farmacias y los que tienen la suerte de no atravesar enfermedad alguna, se
encomiendan a santos y a paganos, se cuidan y cuidan especialmente a los más
pequeños.
La respuesta del gobierno central a este tema que genera
profunda preocupación social no está a la altura de la gravedad de la
situación. El presidente Nicolás Maduro se ocupó de anunciar personalmente la
apertura de una línea telefónica 0-800 para ayudar a la población a ubicar qué
farmacias poseen los medicamentos buscados. Pero comunicarse es imposible, al
menos durante el día.
¿Qué queda entonces? Recurrir al mercado negro. Al igual que
con los alimentos, allí se consigue casi todo, pero a precios viles.
Multiplicados cien, mil veces el que figura en la cajita. Un reciente trabajo
presentado en el canal estatal Venezolana de Televisión muestra con cabalidad
el mecanismo: se llama a teléfonos que aparecen en cadenas de mensajes de texto
y en redes sociales, se pauta un encuentro callejero y los medicamentos llegan
al consumidor final en contactos furtivos.
Nada furtivos se ve mientras tanto a los buhoneros, tal como
se conoce en Venezuela a los vendedores ambulantes. Los que antes vendían ropa,
pequeños juguetes, lapiceros o CDs y DVDs “quemados”, ahora se dedican al
lucrativo negocio de vender todo aquello que no llega a los supermercados y
almacenes. Otra vez el canal estatal mostró al detalle en estos días cómo en
zonas del este de Caracas la venta ambulante, antes accesoria, se volvió vital
en la vida diaria.
Es saludable la aparición de estos trabajos especiales en el
canal del Estado, que llegan de la mano de una nueva dirección, compuesta en su
mayoría por jóvenes que se formaron en el mismo canal, al igual que el nuevo
ministro de Comunicación e Información. Mostrar lo que pasa, lo bueno y lo
malo, lo lindo y lo feo, nunca puede ser perjudicial. Pero el iceberg está,
casi todo, debajo del agua.
Y es que las largas y extendidas y perennes colas para
comprar productos regulados, los buhoneros que tienen todo lo que falta en los
anaqueles, los bachaqueros de medicinas y de todo lo que se pueda trasegar del
mercado regulado al negro (desde un antialérgico hasta un auto 0km, pasando por
harina, pollo, papel higiénico o pasajes de avión) forman parte de un complejo
entramado.
Entramado del que participan no miles sino millones de
personas. ¿Entonces en Venezuela hay millones de corruptos y desalmados
aprovechadores? No. Claro que no.
Revisemos un caso repetido por millones, el de una ciudadana
cualquiera de cualquier barriada de trabajadores que el día que le corresponde
según su número de cédula de identidad hace cola para comprar productos
esenciales a precios regulados. Probablemente llegará a hacer cola a las
puertas de un establecimiento con el dato más o menos preciso de qué venderán
ese día. Aún así, comprará todos los productos regulados que pueda (los más
buscados, harina de maíz, mantequilla, aceite, pañales, papel higiénico).
Comprará no según lo que necesite sino según lo que haya. Podrá guardar una
parte para su consumo y otra la venderá a una red de “intermediarios” que están
pululando en el mismo local. Así, obtendrá ingresos adicionales necesarios para
comprar los productos que no están regulados (otros alimentos, vestimenta,
etc), a precios castigados por la inflación y la usura.
Sumemos a esta historia infinitas variantes (anotemos
también al “profesional” que se dedica a comprar y vender ya no como ocupación
anexa sino como eje de su economía), y también a los que trasegan productos
merced a una posición privilegiada (desde los empleados hasta los encargados de
los puntos de expendios, los dueños de supermercado, etc). Y aquí no entramos
todavía en la “guerra económica”: las grandes maniobras de desabastecimiento
con fines especulativos y políticos, que también las hay, y muchas.
Insistimos: se ha montado una red muy difícil de desarmar, y
que creció ante la mirada distraída de las autoridades. La “Operación Gorgojo”
lanzada por el ministerio del Interior que ya puso tras las rejas a decenas de
encargados en distintos niveles de la red de distribución estatal de alimentos
demuestra que el Estado sí tiene herramientas para reaccionar si hay decisión
política y, a la vez, marca lo complejo de la situación: no es solo la guerra
económica, el problema también está adentro y metido hasta los tuétanos.
¿Y la oposición? Entre el revocatorio y la enmienda
Mientras la preocupación crece y la paciencia del venezolano
y la venezolana de a pie se estira hasta límites insospechados, la oposición
sigue jugando al juego que más le gusta (o tal vez sea el único que saben
jugar): reclamar la salida del gobierno de Nicolás Maduro. Es que hasta aquí la
estrategia de montarse sobre la crisis no le ha dado malos resultados a la
oposición. Por el contrario, aupados en el sistema de representación
parlamentaria venezolano que otorga una importante sobrerepresentación a la
mayoría se hicieron del control absoluto de la Asamblea Nacional
y desde allí dirigen una acción en tres frentes: avanzan con leyes
restauradoras; avivan el fuego de la pelea entre poderes del Estado y azuzan la
salida del Presidente.
En ninguno de los tres frentes tienen el éxito asegurado. Es
más, hasta ahora, no han obtenido victorias. Al cierre de esta nota se esperaba
que la oposición definiera una estrategia para un cese “constitucional” del
mandato de Nicolás Maduro, habida cuenta del fracaso de la violencia callejera
promovida para “La Salida ”
en 2014. Las estrategias se reducen a dos: el revocatorio de mandato (promovida
por el gobernador de Miranda y referente opositor Henrique Capriles) y la
enmienda constitucional para acortar el período presidencial (promovida por el
presidente de la
Asamblea Nacional , Henry Ramos Allup).
Ninguna de las dos opciones es simple. La primera
-revocatorio- demanda una campaña de avales (20 por ciento del registro
electoral de más de 19 millones de votantes), luego una elección por el sí que
debe ganar no por un porcentaje sino por más de 7.587.579 votos, que es la suma
de los votos que obtuvo Nicolás Maduro en abril de 2013 y aún superado este
duro escollo (todos en la oposición saben que no tienen ese piso asegurado)
deberían ganar una elección presidencial sobrevenida frente a un chavismo que
hasta aquí ha demostrado que sabe unirse en los retos electorales a todo o
nada. Además, si el revocatorio no se realiza antes del 10 de enero de 2017 y
aún con Maduro revocado, le correspondería asumir el gobierno al vicepresidente
ejecutivo (hoy el veterano dirigente chavista Aristóbulo Istúriz), para
completar el mandato hasta el 10 de enero de 2019. Es decir, el revocatorio es
la vía constitucional para que la oposición cumpla su sueño de salir de Maduro,
pero no tienen garantizada la victoria.
el revocatorio es la vía constitucional para que la
oposición cumpla su sueño de salir de Maduro, pero no tienen garantizada la
victoria
Por eso otros en la oposición se decantan por la enmienda
constitucional, promovida por la Asamblea Nacional. En ese escenario sólo se necesita
una aprobación de una ley de enmienda, que debe llevarse a referendum popular,
que se decide por mayoría simple de los votantes. Así, podría llevarse a
referendum una enmienda para acortar el mandato presidencial (de seis a cuatro
años) con una cláusula especial y transitoria, para aplicar el acortamiento
también al período vigente.
Pero en este escenario una eventual victoria del Sí a la
enmienda es apenas el comienzo de la disputa. Es que los constitucionalistas
advierten que una enmienda es perfectamente viable para un mandato futuro, pero
no para el vigente, ya que el presidente en funciones fue elegido por voto
popular para un período determinado (en el caso de Maduro, para completar el
mandato de Hugo Chávez, que comenzó el 10 de enero de 2013 y termina el mismo
día de 2019).
Allí la última palabra la tendría la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, que ya ha mostrado no estar dispuesta a darle
respiro a la
Asamblea Nacional opositora.
Así, los más pragmáticos en la Mesa de la Unidad Democrática
saben que la única “salida” posible a corto plazo pasa porque la crisis
económica siga socavando la aceptación del gobierno de Nicolás Maduro en sus
propias bases. Que los casi tres millones que en 2012 votaron a Chávez pero que
faltaron a las urnas en diciembre pasado comiencen a asumir un rol más activo
(electoralmente hablando) contra el chavismo, azuzados no por un discurso
opositor que no les permea, sino por el avance de la crisis y la incertidumbre
por su resolución.
Todas las cartas están sobre la mesa y la solución es de
política económica. Y allí, como en todo, los caminos son varios, y
profundamente divergentes. En esos senderos divergentes hay en juego más que la
continuidad del presidente Maduro. Es la continuidad o no de la Revolución Bolivariana.
Autor: Marcos Salgado
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