(Latinoamérica) - En la madrugada del jueves 4 de marzo fue asesinada en la
ciudad de La Esperanza ,
a unos 300 kilómetros
al oeste de Tegucigalpa, Honduras, la ecologista y defensora de los Derechos
Humanos Berta Cáceres.
Cáceres era líder de la comunidad indígena lenca y una
prominente defensora de los derechos humanos.
Los asesinos entraron a la fuerza en su vivienda para
cometer el crimen. A pesar de que Berta debía tener custodia policial, en esos
momentos no había nadie brindándole protección. La policía dice que se trató de
un intento de robo, su madre a dicho “todos sabemos que fue por su lucha”.
Al momento del ataque, Berta estaba acompañada del mexicano
Gustavo Castro Soto, miembro de la organización civil Otros Mundos Chiapas,
dedicada a la protección de medio ambiente y con actividades contra la minería.
El activista resultó con heridas leves, y se encuentra bajo la peligrosa
protección de la policía hondureña.
En abril de 2015 Berta Cáceres recibió el Premio
Medioambiental Goldman, la mayor distinción para activistas que luchan por el
medio ambiente, que se otorga desde el año 1990. Ese mismo mes se revelaba que
Honduras registraba el mayor número de asesinatos de ambientalistas por
habitante con 12 asesinados en 2014.
De acuerdo con un informe de la organización no
gubernamental Global Witness, con sede en Londres -publicado por TeleSur-,
Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de
los derechos medioambientales, junto a Perú y Brasil.
Según el documento, entre los años 2002 y 2014 se
registraron un total de 111 asesinatos vinculados a personas defensor del medio
ambiente.
Global Witness cuestionó que líderes internacionales se
reúnen para discutir sobre el cambio climático; mientras los defensores del
medio ambiente son asesinados de forma impune y sin cobertura mediática.
Cáceres fue la fundadora del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh).
La líder indígena organizó a la comunidad lenca contra la
construcción de un proyecto hidroeléctrico del Banco Mundial en la región
noroeste de Honduras.
El Copinh llevó adelante una denodada resistencia en contra
del Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca”,
represa que se intenta construir en el Río Blanco, lugar sagrado para la
etnia lenca.
El Consejo denunció que 50 familias lencas de la comunidad
de La Jarcia ,
Guisé, en el departamento de Intibucá, fueron desalojadas con violencia para
avanzar con este proyecto.
Organizaciones internacionales condenaron el asesinato de
Berta: “Este asesinato evidencia la falta de voluntad de las autoridades
hondureñas para garantizar la protección de los defensores de los derechos
humanos”, indicó en un comunicado emitido en París por el Observatorio para la Protección de los
Defensores de Derechos Humanos.
Por su parte, en México la Red Mexicana de
Afectados por la Minería
(REMA) demandó al gobierno de Honduras que garantice la protección a la vida de
Castro Soto y los miembros del Copinh.
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