En los últimos días hemos sido sacudidos por diferentes
hechos y noticias que tienen por protagonistas a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en carácter de víctimas de delitos y diferentes tipos de violencias.
El lunes 11 de mayo amanecimos con la escalofriante noticia
de la muerte de Chiara Páez , adolescente, de 14 años, embarazada, que apareció
enterrada en casa de su novio, también joven, Manuel, de 16 años. De acuerdo a
la información disponible y facilitada a los medios de comunicación por los Fiscales
que intervienen en la causa, todo parece indicar que el embarazo de ella fue el
detonante. Su aparente negativa a practicarse un aborto fue lo que le costó la
vida. La paradoja de conservar una vida en ciernes le costó la propia. Este
caso, que se suma a los tantos femicidios registrados en los meses que
transcurrieron de este año, nos despierta a reflexionar, entre otras cosas,
sobre las violencias, sus diversas formas y sus denominadores comunes. Para
quienes observamos el funcionamiento de las agencias del Estado, necesariamente
y en este caso en particular, nos implica preguntarnos por las políticas
públicas brindadas para atender este emergente social. Cuando las violencias se
instalan como forma de tramitar conflictos entre las personas, y especialmente
cuando las víctimas de esas violencias son los grupos eternamente postergados
en la sociedad, como la población infanto juvenil y dentro de ellos
especialmente las mujeres, las agencias estatales encargadas de administrar las
políticas públicas deben replantearse su accionar, revisar el cumplimiento de
las normas vigentes y el dictado de las faltantes; deben revisar sus prácticas
y la efectividad de sus dispositivos de manera urgente.
El jueves 14 de mayo, la Justicia , nos sorprendió gratamente con la
sentencia condenatoria dictada contra el policía que intervino en las torturas
perpetradas contra Luciano Arruga meses antes de su desaparición, que recién se
supo que había sido muerte inmediata casi seis años después… A la violencia
institucional ahora reconocida como tortura en un fallo ejemplificador, se le
sumó la violencia de la incertidumbre de muchos años, acrecentada por la
indolencia de quienes tomaron intervención y sin haber agotado los recursos
para averiguación de identidad, lo enterraron como NN. Solo la perseverancia de
la familia y la acción de organismos de derechos humanos y organizaciones de la
sociedad civil mantuvieron el caso vivo en la contienda judicial y el reclamo
de justicia.
El lunes 18 de mayo, es decir, a una semana del femicidio de
Chiara, y en una semana sacudida por otras violencias como las del fútbol, como
las de los talleres clandestinos donde murieron dos niños quemados y la trata
de personas, otro fallo judicial nos vino a conmover pero esta vez brutalmente:
el fallo de Casación que redujo la pena a un condenado por violación y
corrupción de un niño de 6 años, aludiendo que el agravante del delito y el
grave ultraje sufrido por el niño, ya había sido consumado en forma previa al
accionar del sujeto condenado. Y lo más grave, la atribución de una inclinación
sexual definida por parte de la víctima. No es objetivo de esta declaración
entrar en las disquisiciones jurídicas en cuyos entramados se sumergen los
juristas. A los efectos de la indignación, bastan las palabras de los
camaristas: “Finalmente, es claro que la elección sexual del menor, malgrado la
corta edad, a la luz de los nutridos testimonios de sus próximos, ya habría
sido hecha (conforme a las referencias a la recurrencia en la oferta venal y al
travestismo). Ignoro en qué medida tenga esta aproximación que permiten
formular esos aportes su causa en el pasado más remoto del pequeño niño cuyo
padre fuera preso por abusador y cuya
madre lo abandonara a merced de una abuela (…). Es por ello que creo que
–ausente toda otra imputación referida a un torcimiento del desarrollo sexual
del menor – efectivamente el imputado ha tenido para con este infortunado niño
comportamientos lascivos, pero a la luz de todo lo dicho y sobre todo en virtud
de que la figura excogitada reclama que
el abuso sexual haya resultado en concreto gravemente ultrajante, es que debo
conceder que no creo que este carácter tan expresamente definitorio de este
supuesto de abuso haya concurrido contingentemente. Me afecta al respecto una
insondable duda que tiene por base esa familiaridad que el niño ya demostraba
en lo que a la disposición de su sexualidad se refiriera. En todo caso y a esa
corta edad, transitaba una precoz elección de esa sexualidad ante los
complacientes ojos de quienes podían (y debían) auxiliarlo en ese proceso”.
Lo nuestro, desde este espacio, es una vez más
pronunciarnos. En este caso, nuestro pronunciamiento es un abierto repudio a
los Camaristas que firmaron el fallo, despojando al delito del agravante,
reculpabilizando a la víctima y habilitando la recuperación de la libertad por
parte del autor de tan repudiable conducta.
Nos preocupa además, como Observatorio de Adolescentes y
Jóvenes en relación a las agencias de control social penal, la culpabilización
de las víctimas, reeditando el triste cliché de “que algo habrán hecho para
merecer los que les pasa”.
¿Es que acaso, Luciano Arruga fue responsable de su propia
muerte, o fue víctima de un sistema de corrupción policial que castigó su
rebeldía de no querer ser funcional a ese sistema y luego de una justicia y un
aparato político que hicieron oídos sordos a los pedidos de esclarecimiento de
los hechos?
¿Es que acaso los niños que murieron en los talleres
clandestinos, son responsables de su muerte? ¿Lo son sus padres?, ¿O más bien
son víctimas de un sistema que habilita, a partir de la falta de auditoría y de
control la existencia de estos modos de explotación y de trabajo esclavo?
¿Es que acaso Chiara fue culpable de su muerte? ¿O más bien
fue víctima de la hipocresía de quiénes la rodeaban en su círculo más íntimo?
En el caso de Chiara se la acusa de haber vivido su propia sexualidad. Si
pretendemos evitar otras situaciones como la que terminó con la vida de Chiara,
debemos sacar el problema de una mirada individual, debemos evitar que se
reinscriba la responsabilidad en el orden de lo personal de “un loco”, “un
violento” y mirar que Chiara fue víctima de una sociedad que no cuida de sus
jóvenes, que los estigmatiza hipócritamente y los castiga a partir de miradas
adultocéntricas que no buscan su participación plena para la configuración de
la sociedad de la cual forman parte, sino su subordinación. Debemos ver que
Chiara fue víctima de una sociedad patriarcal que no cuida de sus mujeres y
niñas, que las estigmatiza, abusa de ellas y las cosifica como objetos
desechables.
Acaso, el niño de 6 años, ¿es culpable de haber sufrido
abusos a repetición y de diferente índole desde su más temprana infancia? ¿De
qué manera y en qué instancias fue escuchado? ¿No se tratará de un caso de
vulneración excepcional de derechos que hubiera ameritado medidas de protección
igualmente excepcionales?
Desde el Observatorio de adolescentes y jóvenes propugnamos
por el mejor tratamiento de nuestros niños y de nuestros jóvenes, por el
respeto de sus derechos, por la aplicación de medidas de protección reales, por
el contundente reproche estatal a cualquier forma de violencia institucional,
sea a través del uso de la violencia por
parte de las fuerzas de seguridad, sea a través de la violencia que produce la
negligencia y la falta de auditoria de las condiciones de trabajo, sea a través
de la violencia que significa el incumplimiento de las leyes de promoción y
protección de derechos vigentes desde hace 20 años en nuestro país, sea a
través de la violencia de los fallos judiciales, que contrariamente a su
esencia, no imparten justicia sino indignación, tristeza e impotencia.
Buenos Aires, 20 de
Mayo de 2015.-
Observatorio de
adolescentes y jóvenes
Instituto Gino Germani
Facultad de Ciencias
Sociales
Universidad de Buenos
Aires
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